Tony West es vicepresidente sénior, director jurídico y secretario corporativo de Uber y dirige a un equipo global con más de 600 personas en las áreas de Legal, Cumplimiento y Ética, y Seguridad de la empresa.

Anteriormente Tony fue secretario corporativo y vicepresidente ejecutivo de políticas públicas y asuntos gubernamentales de PepsiCo, una empresa de la lista Fortune 50 con $63 mil millones de dólares en ingresos netos y una cartera de productos que incluye 22 marcas, como Gatorade, Tropicana y Frito-Lay.

West cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. Antes de trabajar para PepsiCo, el Senado estadounidense confirmó a West en dos ocasiones para fungir como funcionario de alto nivel en la Administración del presidente Barack Obama. Entre el 2012 y el 2014, West fue el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, el tercer puesto en importancia del Departamento de Justicia. Allí supervisó muchas de las divisiones del Departamento, como la División de lo Civil, Derechos Civiles, Antimonopolios, Impuestos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Oficina de Programas Judiciales, la Oficina sobre Violencia Contra la Mujer y la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad. Como fiscal general adjunto, West procesó a varias instituciones por su rol en la crisis financiera de 2009. Logró obtener casi 37 mil millones de dólares en multas e indemnizaciones para los ciudadanos estadounidenses que estuvieron afectados.

Entre el 2009 y el 2012, desempeñó el papel de fiscal general adjunto de la División de lo Civil, la mayor área de litigación del Departamento de Justicia. En su función como fiscal general adjunto, estuvo a cargo de la revisión que realizó el Departamento de Justicia a la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA). Propugnó enérgicamente y con éxito que el Departamento abandonara su larga defensa del estatuto porque la ley era inconstitucional.

Cuando West dejó la Administración del presidente Obama en 2014, el fiscal general Eric Holder lo galardonó con el honor más alto del Departamento de Justicia, el Premio Edmund J. Randolph.

Previamente en su carrera, fue fiscal federal adjunto en el Distrito Norte de California, donde procesó diferentes delitos federales. Sirvió además como asesor especial al fiscal general del Departamento de Justicia de California y fue socio especializado en litigaciones del bufete Morrison & Foerster LLP en San Francisco.

Se graduó con honores de Harvard College. Allí se desempeñó como editor del Harvard Political Review, y obtuvo su diploma en derecho en Stanford Law School, donde fue presidente del Stanford Law Review.

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