Carta abierta al país

Al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
A los Partidos Políticos
A los ciudadanos de Costa Rica
Muy Respetuosamente

Desde nuestro primer día de operaciones en Costa Rica, Uber ha buscado ser parte del desarrollo del país. En los últimos 3 años, nuestra plataforma se ha convertido en una opción innovadora, eficiente y segura para más de 783 mil usuarios y en una fuente de ingresos para más de 22 mil familias costarricenses.

Hemos dado un voto de confianza al país con una inversión que supera los USD$30 millones en los últimos 3 años. Hemos ubicado en Costa Rica el corazón de las operaciones del CoE para Latinoamérica, que genera más de 700 empleos directos, de los cuales más del 50% son ocupados por mujeres.

A través del proyecto de ley 21228, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) finalmente ha compartido su visión con respecto al futuro de la movilidad colaborativa en Costa Rica. Con este paso, el gobierno se suma al diálogo y a diversas iniciativas de ley que se vienen desarrollando desde hace muchos meses en la Asamblea Legislativa.

Contrastando la experiencia internacional en más de 132 jurisdicciones que ya han superado satisfactoriamente esta discusión, la visión del gobierno aún está lejos de promover la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología al desconocer las características y medidas de seguridad con las que ya hoy cuenta el sistema para garantizar una experiencia eficiente para el  usuario y el Socio Colaborador.

El proyecto restringe la oferta del servicio y limita la cantidad de personas que pueden inscribirse como socios en las diversas plataformas. En un clima económico en que el acceso a oportunidades seguirá siendo difícil para los costarricenses,  y considerando una tasa de desempleo del 10,2% según el INEC, esta medida amenaza a las más de 22 mil familias que hoy tienen una fuente de ingreso gracias a Uber.  Además, compromete la eficiencia del servicio que hoy conocen los usuarios, ya que crea el riesgo de que exista menor disponibilidad de servicio e incrementen los tiempos de espera de los usuarios debido a la disminución en la oferta.

El proyecto además impone barreras de acceso y cargas desproporcionadas, y obliga a los Socios Colaboradores a pagarle al Consejo de Transporte Público un canon anual de $35 por conductor y $200 por vehículo, lo cual afecta especialmente a los socios que buscan ingresos extra, como estudiantes, madres y personas de la tercera edad. Esta es la realidad de muchos Socios Colaboradores de Uber que hoy sólo dedican unas horas al día a esta actividad.

Después de muchos meses, finalmente las voces del gobierno, el MOPT, diputados, consumidores, empresa privada y sociedad civil convergen en la Asamblea Legislativa para definir el futuro de la movilidad colaborativa en Costa Rica. Por esta razón, reiteramos nuestro apoyo a este proceso de diálogo, de la misma forma en que hemos participado en más de 132 jurisdicciones alrededor de todo el mundo. Confiamos en que la Comisión de Asuntos Económicos valorará todos los insumos para lograr una regulación moderna, inclusiva, diferenciada que abra las puertas para la innovación de la movilidad y beneficio de todas las personas en Costa Rica

En Uber reiteramos nuestro profundo compromiso con el desarrollo de Costa Rica. Hoy, más que nunca, seguimos juntos en el viaje.

Andrés Echandi
Gerente General Uber Centroamérica

24 de Enero 2019